Instituciones del sector de la discapacidad, personas con discapacidad, familiares y trabajadores protagonizaron este martes una jornada de protesta para exigir respuestas frente a la crítica situación que atraviesan las prestaciones vinculadas a salud, educación, transporte y rehabilitación. La principal demanda fue la actualización urgente de los aranceles que el Estado paga a las instituciones prestadoras, cuyo atraso pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

Durante la visibilización de su problemática, los profesionales del sector leyeron una Carta Abierta dirigida a la sociedad en general, y mencionaron haber hecho llegar, de forma directa, a la  diputada nacional Soledad Carrizo, a quien se le pidió que acompañe con su voto afirmativo la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma busca declarar en situación crítica al sector y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Romina Miranda: Lic. en Trabajo Social y Paula Figueroa: Profesora de Artes Visuales así se expresaron en plena manifestación.

CARTA ABIERTA:

“DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD”
A la ciudadanía, a los representantes del pueblo, a los medios de comunicación, y a todos los actores sociales:

Quienes formamos parte de la comunidad vinculada a la discapacidad — colectivo personas con discapacidad, familiares, cuidadores, profesionales, instituciones, y organizaciones de la sociedad civil— nos vemos en la necesidad de levantar la voz y hacer visible una realidad que ya no puede ser postergada: vivimos una crisis estructural que afecta gravemente los derechos, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

La falta de acceso pleno a servicios esenciales como la salud, la educación inclusiva, el transporte accesible y el empleo digno, sumada a la demora en los pagos a prestadores, la precarización del sistema de apoyos y la desactualización de los marcos normativos y presupuestarios, configuran una emergencia social y humanitaria en materia de discapacidad. Esta crisis no es nueva, pero se ha agravado en los últimos años, profundizando desigualdades históricas y dejando a una enorme parte de la población en situación de vulnerabilidad extrema. Mientras tanto, el Estado y sus instituciones han respondido con inacción, fragmentación o medidas paliativas que no alcanzan a revertir el deterioro.

Es por eso que exigimos con urgencia la aprobación del proyecto de Ley que declare la Emergencia en Discapacidad, con carácter nacional, inmediata aplicación y presupuesto asignado. Ley que permitiría:

La garantía de continuidad de los servicios de salud, rehabilitación y educación para personas con discapacidad.

El pago justo y en término a prestadores y profesionales del sector.

La implementación efectiva de políticas de accesibilidad integral y apoyos personalizados.

La creación de mecanismos de participación real de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan.

Este proyecto representa una respuesta urgente y necesaria ante la crisis insostenible que atraviesa el sector en todo el país, producto del congelamiento de aranceles, la falta de políticas públicas efectivas y el abandono por parte de los organismos competentes. Más de 250.000 personas con discapacidad están en riesgo de quedar sin atención, debido al colapso económico que enfrentan prestadores, transportistas, escuelas especiales y centros de día.

No pedimos privilegios. Exigimos derechos. Los mismos que consagran nuestra Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales para que prioricen esta agenda. No podemos seguir esperando. La emergencia es ahora.
Porque la dignidad no se negocia. Porque los derechos no pueden esperar. Porque una sociedad justa se construye incluyendo a todos y todas.

No hay justicia social sin inclusión. No hay inclusión sin políticas reales y sostenidas.

Dean Funes, 13 de mayo de 2025

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