Ante el aumento de amenazas de tiroteos en escuelas, distintas provincias comenzaron a responsabilizar económicamente a las familias de los autores por los costos de los operativos de seguridad. En Santa Fe, cada intervención puede costar entre cinco y seis millones de pesos, y el gobierno ya dispuso que esos gastos sean cubiertos por los responsables una vez comprobados.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que no se trata de bromas sino de delitos, y advirtió que los implicados también pueden enfrentar consecuencias judiciales y antecedentes negativos. La semana pasada se registraron 65 denuncias en un solo día, muchas mediante mensajes en baños escolares, en un contexto marcado por el “efecto contagio” que multiplica este tipo de amenazas.

Corrientes anunció medidas similares, con investigaciones bajo el Código Penal y la posibilidad de responsabilizar civilmente a padres o tutores. La Policía provincial advirtió una política de “tolerancia cero” y confirmó que la edad de los involucrados no los exime de consecuencias.

En la misma línea, la Justicia de Mar del Plata dispuso que las familias de estudiantes que realicen amenazas deberán afrontar los costos de los operativos y los daños ocasionados.

En un contexto donde las amenazas se multiplican y generan alarma social, la respuesta estatal apunta a fijar límites claros y consecuencias concretas. Más allá de las sanciones, el fenómeno expone una problemática más profunda: el impacto de la viralización, la falta de conciencia sobre la gravedad de estos actos y el rol clave de las familias en la formación de conductas responsables. La prevención, en este escenario, no solo pasa por el castigo, sino también por la educación y la reconstrucción de vínculos que eviten que el miedo se naturalice en el ámbito escolar. Será la solución a implementar?

21-04-2026