Claudio Barrelier fue imputado por homicidio triplemente calificado tras negarse a declarar ante la Fiscalía. En paralelo, un impactante testimonio expuso una red de prostitución y narcotráfico en el bar vinculado a los presuntos encubridores del crimen.

El caso por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, ha dado un giro decisivo en los Tribunales II tras la indagatoria formal del principal sospechoso. El fiscal Raúl Garzón dispuso agravar la acusación contra Claudio Barrelier, quien actualmente se encuentra alojado en el penal de Bouwer, imputándolo por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género. Durante la audiencia, el acusado optó por seguir el consejo de su abogado defensor, Jorge Cassini, negando categóricamente los hechos atribuidos y absteniéndose de prestar declaración formal ante las autoridades judiciales. De acuerdo con la hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal, el imputado engañó a la víctima, abusó sexualmente de ella y posteriormente la estranguló con el único propósito de ocultar la agresión, intentando luego hacer desaparecer el cuerpo en barrio Ampliación Ferreyra para asegurar su impunidad.

En el marco de la misma investigación, la Fiscalía de Instrucción avanzará de manera inmediata en las indagatorias de otros dos detenidos clave, considerados presuntos cooperadores en la fase posterior al crimen e imputados bajo la figura de encubrimiento agravado. El primero de ellos es Osvaldo Fassetta, de 47 años y amigo personal de Barrelier, quien compartía con él la vivienda de barrio Cofico donde presuntamente se perpetró el asesinato entre los días 23 y 24 de mayo, cuya citación judicial está prevista para este jueves. Por su parte, el viernes será el turno de declarar de Soledad Andreani, de 43 años, expareja del principal sospechoso y señalada por los investigadores como la persona que aportó la logística necesaria para el hecho, al haberle prestado supuestamente el automóvil Ford Ka utilizado para trasladar los restos de la menor de edad.

La situación de Andreani se tornó considerablemente más compleja en las últimas horas debido a la aparición de un testimonio directo aportado por una mujer llamada Carla, quien se desempeñaba en el “Bar Wachitas”, establecimiento recientemente clausurado de forma definitiva por la Municipalidad y donde la imputada ejercía funciones de encargada. En declaraciones públicas, la testigo describió un ambiente clandestino completamente atravesado por el consumo y la comercialización de estupefacientes (cocaína), aduciendo que también se suministraban sustancias en las bebidas de los clientes sin su consentimiento. La declaración ratificó que el dinero de los servicios sexuales se repartía a mitades iguales con Andreani, quien además llevaba un registro minucioso de las “salidas” de las jóvenes en cuadernos dentro del local, frecuentado habitualmente por clientes de alto poder adquisitivo.

El fragmento más alarmante de la denuncia radica en la confirmación de que la gran mayoría de las mujeres que trabajaban en el lugar eran menores de edad, en rangos etarios que partían de los 17 años, cuyas condiciones de vulnerabilidad eran aprovechadas sistemáticamente por la encargada para efectuar su selección. La testigo manifestó que decidió romper el silencio motivada por la profunda indignación que le provocó el trágico desenlace de Agostina Vega, denunciando además que el comercio solía reabrir sus puertas regularmente tras pagar multas por recurrentes sanciones de clausura municipal. La abogada del padre de la víctima, Fernanda Alaniz, consideró esta declaración como un elemento de impacto estructural para la causa, mientras la Justicia evalúa si el entramado de explotación del bar guarda relación directa con el móvil del femicidio.

17-06-2026