Las últimas sesiones del Concejo Deliberante Deán Funes derivaron en un escenario de escándalo político, marcado por retiradas, silencios, notificaciones polémicas, posibles incompatibilidades funcionales y una cuenta pública que no termina de cerrar.

Uno de los puntos más polémicos surgió cuando, en comisión, se decidió que las posturas sobre la Cuenta General Anual 2024 de la Municipalidad se presentaran por escrito. La concejal Adriana Ruarte —ausente con justificación— no fue habilitada a presentar su opinión de esta forma, mientras que el edil de la primera minoría, Rodrigo Ramírez, sí pudo hacerlo, al estar presente al momento de tal decisión. Más que una cuestión técnica, la situación evidenció una maniobra que dejó afuera a una voz crítica, sumando tensión a la ya desgastada dinámica legislativa.

Desde que las sesiones comenzaron a transmitirse en vivo —una iniciativa impulsada por los bloques de la oposición— quedó expuesta la escasez de debate por parte del oficialismo, cuya incomodidad ante la exposición pública es cada vez más notoria. En este contexto, se vuelve urgente recordar una verdad básica pero a menudo ignorada: un Concejo Deliberante está para deliberar. Negar ese derecho no solo debilita la democracia, también margina a la ciudadanía de discusiones clave como el uso de los fondos públicos. La Cuenta General Anual no es un simple trámite: es el balance de un año entero de gestión con recursos que pertenecen a todos los vecinos de Deán Funes.

Pero si algo elevó la tensión institucional fue la notificación a Ruarte en su lugar de trabajo —un establecimiento educativo— por parte de personal municipal uniformado. El objetivo fue comunicarle la extensión de una sesión, tras un cuarto intermedio solicitado luego de que ella se retirara por no haber podido expresar su postura. La escena generó entredichos de gravedad ética e institucional, que aún esperan una explicación convincente.

En paralelo, el bloque que integran Ramírez y Kyshakevych expresó públicamente su intención de judicializar la aprobación de la Cuenta, en caso de que así lo resolvieran junto a la concejal Ruarte.
Poco después, en la siguiente sesión, una nota presentada sobre tablas por la Secretaria de Gobierno expuso una posible incompatibilidad de funciones en la concejal Kyshakevych, quien además se desempeña como jefa de área en la Agencia Córdoba Joven. Con una urgencia llamativa, se aprobó incluso el envío de una nota a la Provincia sin que se supiera con precisión su contenido, buscando que el gobierno provincial dictamine sobre su situación.

La insistencia del bloque Vecinalismo de Ischilín en forzar una pronta definición sobre la continuidad de Kyshakevych se presenta como una apuesta por la transparencia. Sin embargo, cuando llega el momento de debatir el destino de los fondos públicos, el camino elegido ha sido el de las notas formales y en silencio. Y si el debate también forma parte de la transparencia, la paradoja es evidente: se exige claridad en un punto mientras se evita en otros.

Quizás convendría que los concejales no perdieran de vista que, del otro lado de las transmisiones en vivo, hay vecinos atentos. No están esperando gestos para la tribuna, sino decisiones concretas que mejoren la vida común. El desafío es claro: ejercer con seriedad el rol de contralor, acompañar cuando corresponde, pero también fiscalizar sin titubeos cada acción del Ejecutivo Municipal. Porque representar no es limitarse a levantar la mano, sino actuar con responsabilidad y responder con hechos a quienes depositaron su confianza en las urnas.

23-06-2025

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